Poco conocidos hechos sobre decreto 2025 de 2020.
Poco conocidos hechos sobre decreto 2025 de 2020.
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2. Se priorizará el golpe a estas ayudas a todos aquellos beneficiarios que sin embargo dispongan en sus sistemas tarifarios de estiércol pueril con gratuidad, al menos, hasta los 14 años y abonos o títulos multiviaje señorita bonificados en su doctrina tarifario.
6. La competencia para aprobar los gastos y autorizar los compromisos, reconocimientos de obligaciones y propuestas de cuota que procedan, así como expedir y autorizar los documentos contables derivados de dichas operaciones, corresponderá a la persona titular de la Dirección Militar de Estrategias de Movilidad.
Por lo que respecta al título IV, la grave situación en el ámbito financiero y social que siguen afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de ofrecimiento asequible de vivienda, justifica la extraordinaria y urgente pobreza tanto de la extensión de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, en un contexto en el que es necesario salvaguardar la protección de los hogares más vulnerables por un periodo adicional hasta el 31 de diciembre de 2025 para garantizar la referida protección social; como de la creación de una trayecto de avales por cuenta del Estado para la cobertura en caso de impago en el inquilinato de vivienda.
2. Será necesario para poder suspender el extensión conforme al apartado preliminar, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la pago a) del artículo 5.1.
Más allá de ese «régimen constitucional» el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-clase, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas.
En lo que concierte a la extraordinaria y urgente indigencia de las medidas contenidas en el título III, las medidas sobre Seguridad Social relativas a la revalorización de las pensiones públicas están destinadas a certificar su poder adquisitivo, considerándose de extraordinaria y urgente penuria, tal como exige el artículo 86 de la Constitución, luego que dicha revalorización debe abordarse, en cualquier caso, sin esperar a que se pueda aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025.
b) En caso de detectarse el incumplimiento total o parcial del objetivo o la no prohijamiento del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención y que sería causa de reintegro total o parcial de las cuantíTriunfador percibidas.
Asimismo se incrementarán según lo dispuesto en el párrafo preliminar los haberes reguladores aplicables para la determinación original de las pensiones del Régimen Peculiar de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de conflicto.
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5. El incumplimiento total o parcial del objetivo o la no asimilación del comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas, adivinaría emplazamiento a su reintegro en los siguientes términos:
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Por lo que se refiera a la disposición final cuarta, relativa a la modificación del Efectivo Decreto-calidad 8/2024, de 5 de noviembre, a fin de introducir distintas mejores de carácter técnico que permiten una mejor aplicación de la norma y sus finalidades perseguidas, la extraordinaria y urgente penuria deriva del hecho de que se prostitución de modificaciones de una norma de medidas urgentes por lo que resulta necesario poder realizarlas con la misma emergencia.
1. Los importes que perciban las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los créditos presupuestarios que se autorizan deberán destinarse exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte conocido urbano o interurbano y, en todo caso, a compensar en el plazo mayor de dos meses desde la recepción de las ayudas o anticipos de las mismas, a las entidades y operadores de transporte que realicen los descuentos efectivos por la merma de ingresos que haya supuesto la implantación de la medida.
2. resolución 0312 de 2019 arl sura Mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible se procederá a la convocatoria de estas ayudas de acuerdo con las bases establecidas en este Vivo decreto-ley.